1.- El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcatti, hizo mendaces declaraciones en la inauguración oficial de la 67º muestra ganadera, agrícola, industrial y comercial de la Provincia de Salta, realizada el último fin de semana de agosto: “… que el sistema tributario de la Argentina es precario..”; respecto de las diferencias con las otras entidades rurales: “….siempre las hemos tenido, por algo somos cuatro y no una….”.Destacó sobre las retenciones, que en la Mesa de Enlace “…unos privilegian la segmentación sobre la eliminación de las retenciones; otros queremos que no nos quiten nuestro dinero a la espera de su devolución….”. Finalmente, se refirió al Gobierno Nacional, diciendo:” El pueblo le puso límites a los exceso del poder…”.
Después de leer esas declaraciones es necesario hacer un poco de memoria sobre el origen de la Sociedad Rural Argentina, sus integrantes y el significado de su accionar político-económico en la historia nacional, con su núcleo de poder en la Pampa Húmeda: “Una extensión de tierra plana, perfecta y naturalmente irrigada, del tamaño de Francia; una capa de humus que a veces alcanza un metro de espesor. Tierra ubérrima, donde al cabo de una siesta bajo el ombú, uno descubre que le han crecido flores en los bolsillos…”, como la describió un comentarista inglés a la pampa úberrima argentina.
El 10 de agosto de 1866, en una casa de la calle Bolívar, 64 personas – entre las que había 15 ingleses y 2 italianos- firman el Acta de fundación de la Sociedad Rural. La nueva organización reunía a los más poderosos terratenientes de la Provincia de Buenos Aires. Su primer presidente fue José Alfredo Martínez de Hoz (abuelo de quien sería Ministro de Agricultura y Ganadería en el gobierno de Guido y luego Ministro de Economía durante la dictadura cívico-militar que presidía Videla).
El sociólogo José Luis de Imaz, en su análisis de la clase dirigente en el período 1936/1961 (“Los que mandan”-Editorial Eudeba) dice sobre la conformación de la Sociedad Rural : “…el elenco estable dirigente de la Sociedad Rural lo forman ya las mismas, ya distintas personas de un grupo básico de familias…”, que cubren el 50% de los cargos más importantes en las distintas comisiones directivas. El porcentaje descendió al 7% en 1951 y la coincidencia con la fecha no es casual: el auge del peronismo asustaba a los terratenientes.
En su análisis aparecen, junto a los apellidos tradicionales (Pueyrredón, Pereyra Iraola, Peralta Ramos, Alzaga Unzúe, Anchorena, Pereda, Durañona, Mariano Casares, Mulhall, López Lecube, etc.), otros repetidos con frecuencia- Firpo, Menéndez Behety, Braun Menéndez- , familias de origen diverso, que gozan de un prestigio equivalente a las anteriores, aunque no son “tradicionales” porque sus latifundios no se ubican en la provincia de Buenos Aires.
De tal modo- asegura De Imaz- “parece correcta la identificación del más alto nivel de la Sociedad Rural con la propiedad agropecuaria en la provincia de Buenos Aires…”. De esto se desprende otra afirmación: la Sociedad Rural sólo representaba a los grandes terratenientes. En sus cuadros no tienen lugar los medianos y pequeños propietarios locales, ni los chacareros y arrendatarios. En la comisión directiva de la Rural había- desde 1936 a 1946- sobre 18 miembros, 14 latifundistas. Los apellidos de la Sociedad participaron del poder político desde 1904, y el que no fue ministro, fue secretario de Agricultura y Ganadería , de gobiernos constitucionales- como el de Yrigoyen- o producto del fraude- como el de Agustín P. Justo – y de todas las dictaduras cívico- militares.
2.- El origen de la concentración de enormes extensiones en pocas manos, reconoce un antecedente histórico preciso, la denominada “Conquista del Desierto”: expediciones contra el indio y sus tierras. En “El Paraíso Terrateniente” (Fichas- Buenos Aires 1972) el historiador Milcíades Peña sostiene que: “en mantener ese orden inmutable que otorgaba a Buenos Aires el monopolio de la Aduana, coincidían la burguesía comercial y los estancieros. Pero aquélla pretendía unificar el país para ensanchar así el mercado interno, con el cual lucraría colocando las mercancías que importaba de Europa, sin preocuparse demasiado de la suerte de los ganaderos bonaerenses. Los estancieros, en cambio, no tenían interés en arriesgar un solo centavo de sus ganancias en pro de la unificación nacional. Del resto del país sólo querían tranquilidad y que no perturbara la ampliación de sus empresas terratenientes sobre las vastas extensiones desiertas de la provincia de Buenos Aires..”.
Fue la acción militar del Estado ganadero-comercial la que amplió esas extensiones. La campaña iniciada por Rosas en 1830, que continuó la anterior de Martín Rodríguez en 1821, transformó la tierra conquistada en los primeros latifundios. Hacia 1830 se incorporaron a la explotación ganadera los territorios de lo que se llamó “el nuevo sur”. Una extensión que iba desde el extremo noroccidental de la provincia de Buenos Aires hasta la actual ciudad de Bahía Blanca. En esa zona se afirmó y consolidó la oligarquía terrateniente. La tierra conquistada al indio fue entregada a individuos y familias a precios increíblemente bajos o regaladas, como forma de pago por acciones militares o lealtades políticas. Hacia 1914 se verifica un retardo en el proceso de expansión y crecimiento, tal como se había diseñado a partir de 1880. Pero el modelo no entra en crisis hasta el “crack” internacional de 1929/30.
El 31 de agosto de 1930 - seis días antes del Golpe del 6 de setiembre - el público que asistió a la inauguración de la Exposición abucheó a Juan Fleitas, ministro de Agricultura de Yrigoyen, quien se retiró sin pronunciar su discurso. Unos días antes el partido Conservador, acompañado de los liberales, había publicado un documento “golpista” contra el gobierno radical. Entre los firmantes estaban varios “hombres de la rural” el terrateniente de la provincia de Buenos Aires, Federico Pinedo (pariente del diputado del PRO y ministro de Economía de Justo), Nicanor Costa Méndez y Aurelio Amoedo.
La relación de los representantes de la Rural con el primer peronismo tuvo un punto de ruptura con el Estatuto del Peón Rural (1944) y la ley de arrendamientos, ambos anticipatorios del golpe cívico-militar de 1955.
En 1946 Juan Domingo Perón creó el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio Social (IAPI), entre cuyas funciones estaba la de comprar toda la producción agropecuaria del país, pagada a valores del mercado interno, y luego comercializarla en el exterior a valores internacionales. Con la diferencia resultante, el gobierno promovía diversas actividades industriales y una redistribución de la renta inédita en la Argentina hasta ese momento.
En 1955, tras el golpe de la Revolución Fusiladora, el Presidente de la Sociedad Rural, Juan José Blaquier le envió una carta al presidente de facto Pedro E. Aramburu, en la cuál le rogaba: “… Hoy más que nunca es necesario aunar el esfuerzo de todos, y muy en particular del hombre de campo, para consolidar la economía de la Nación desquiciada por las autoridades del régimen depuesto, a cuyo efecto desde ya ofrecemos nuestra más amplia y decidida colaboración. Quiera la Divina Providencia iluminar los designios de vuestra patriótica gestión gubernativa a fin de que el país, al retomar la senda de la legalidad, pueda encararse hacia la meta de los grandes designios…”. Para la Rural, la dictadura es la legalidad.
La Sociedad Rural, en 1955, consideraba al peronismo como “… una amenazante espada de Damocles que se cernía sobre el destino de esta tradicional entidad…”(Anales de la SRA, Buenos Aires, número 2, febrero de 1956).
3.- En la Gobernación de Oscar Allende en la Provincia de Buenos Aires- gobierno constitucional de Arturo Frondizi - con respecto a las disposiciones impositivas adoptadas, la Rural denunció “un plan general tendiente a sovietizar el agro”. Pocos meses después de la asunción de Illia, la Rural dijo que “se volvía a caer en una política demagógica que trata de salvar votos..”.
Como era de esperar, el golpe que derrocó a Illia contó, con el apoyo solidario de la Rural. Onganía llegó a la Feria de Palermo en una noble carroza. El presidente de la Rural, Francisco Fano, dijo en su discurso:”… Si en todos ha renacido la esperanza…..Colaboremos con las nuevas autoridades en su acierto, que será nuestro acierto…”. Claro que, un año después, la política agraria fue duramente criticada por la Rural, considerando que algunas de las medidas que afectaban los intereses terratenientes tenían “fundamentos colectivizantes”.
El sociólogo argentino Ricardo Sidicaro, comprueba en su estudio “Poder y crisis de la gran burguesía agraria”(Argentina, hoy. Siglo XXI. 1983) que “..cualquier referencia a una posible modificación de estructura de distribución de la propiedad rural era firmemente rechazada…Aún cuando podía tratarse de recomendaciones realizadas por organismos internacionales de carácter técnico como la FAO o la CEPAL, las mismas eran absolutamente desestimadas considerándolas contrarias a los intereses generales del país…”.
Meses antes de las elecciones de 1973 y ante la evidencia del inminente triunfo del peronismo, la Rural advirtió que “no se debe incurrir en el error de creer que la eficiencia general mejorará mediante un castigo impositivo, ya que los esfuerzos y la imaginación de los hombres se concentran hacia las actividades más rentables, como lo demuestran las leyes permanentes de la economía…”. La Sociedad Rural amenazaba entrelíneas: se reducirían al mínimo las inversiones en el campo y se trasladarían los ingresos a otras actividades de especulación e intermediación.
La guerra con el gobierno peronista se desató a partir del “impuesto a la renta potencial de la tierra” y el anteproyecto de Ley Agraria. El secretario de Estado de Agricultura y Ganadería, ingeniero Horacio Giberti (recientemente fallecido), defendió el impuesto porque sólo afectaría a las grandes explotaciones. El anteproyecto de Ley Agraria, que nunca fue sancionado, trataba de asegurar la “función social” de la tierra. Se establecía, entre otras cosas, que el arrendatario debía ser indemnizado por el propietario al término de su contrato, para compensar de ese modo las inversiones que hubiera realizado en los campos. Se preveía, además, la expropiación o arrendamiento legal de tierras ociosas.
La Rural rechazó la idea y el proyecto y lo denunció como “un factor de destrucción de la producción agropecuaria”. La Sociedad Rural se apresuró a señalar que “..el pueblo voto por la doctrina y la filosofía justicialista y no para que, a través de conceptos similares se pretenda introducir ideas ajenas al sentir nacional..”. Cualquier cosa antes que la “colectivización” de la propiedad. La Rural se opuso a todos los equipos económicos del gobierno constitucional, menos a uno: el que dirigió Celestino Rodrigo.
Desde fines de 1975, la Rural encabezó y lideró todas las movilizaciones patronales contra el gobierno. Así, la Rural apoyó el nuevo golpe cívico-militar de 1976. En marzo de 1980 la Rural se oponía al retorno de la democracia y afirmaba: ”…sobre lo que no puede caber duda es que el retorno al pleno funcionamiento democrático del país ha de depender en todos los casos de una aplastante sensación de madurez en el cuerpo cívico de la Nación, cosa que por el momento nadie puede afirmar que haya ocurrido…”.
En marzo de 1977, al cumplirse el primer aniversario del Golpe cívico-militar, la Sociedad Rural Argentina y la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana financiaron juntas un aviso publicitario en el diario The New York Times que se editaba en EEUU. El aviso se titulaba:” Argentina: un año de progreso”. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos estiman que, para entonces los “grupos de tareas” ya habían hecho “desaparecer” a diez mil personas. Pero a quien conociera la historia argentina, no podía sorprender la actitud tomada por la Sociedad Rural. Fue sólo uno más de los consecuentes y expresos apoyos a las sucesivas dictaduras que asolaron el país.
Frente al gobierno democrático de Alfonsín y ante los rumores de expropiación, la Rural advirtió:”…no cabe ninguna duda que en estos momentos de crisis el agro puede convertirse una vez más en la herramienta decisiva para la solución de los problemas argentinos….pero para que eso suceda la primera condición es la de seguridad jurídica de la propiedad….”. El presidente Alfonsín, contestó: “…desde el punto de vista jurídico nadie puede sostener que la propiedad de la tierra es absoluta e intangible hasta el punto de no admitir limitaciones. A veces el bien común exige la expropiación por el hecho de su extensión, de su explotación deficiente o nula, o por la miseria que de ello resulta a la población..”. Pero, aclaró Alfonsín: “… la expropiación de la tierra no se encuentra entre los puntos programáticos del partido que me eligió como su candidato presidencial… no son tiempos para una política de expropiaciones..”.
Es importante recordar que el doctor Carlos Yeregui, militante de la línea Renovación y Cambio del Partido Radical, elaboró el proyecto agrario que presentó la Unión Cívica Radical en 1972 y el Documento de Rosario, donde se sostiene la necesidad de una reforma agraria, basada en tres factores: social, económico y político.
Los hechos históricos descriptos, prueban en forma contundente la mendacidad de las expresiones de Hugo Biolcati en la Rural de Salta: con respecto a que “el sistema tributario de la Argentina es precario”, decimos que la Rural es la primera evasora impositiva, negándose sistemáticamente a contribuir con el desarrollo industrial argentino. Ha colaborado con todos los golpes cívico-militares ocurridos durante el siglo XX, por ello, es esencialmente antidemocrática. Es antiperonista, por su oposición a la industrialización. Cuando un gobierno pretende modificar mínimamente la estructura agraria en beneficio del desarrollo productivo de todos los argentinos, la Rural invoca que se está afectando “los intereses generales del país”. Por ello, su retórica preocupación por “los pobres” es hipocresía. Los terratenientes argentinos, nucleados en la Sociedad Rural, controlan desde hace un siglo los principales resortes del poder.
4.- En la contratapa de Página 12 del domingo 1º de Agosto pasado el filósofo José Pablo Feinmann analiza el mendaz e hipócrita discurso de Luis Biolcati en la Sociedad Rural de Palermo : “….que la culpa de la desgracia argentina la tenían los golpes de Estado que habían derrocado a gobiernos constitucionales”. Pero la cumbre de la impostura, de la impudicia patraña, llegó con la preocupación por los pobres. Notable: ellos fueron los que crearon el hambre durante la fiesta de los noventa. “Hay que decirlo claro: quienes crearon a los hambrientos por su sed infinita de ganancias no tienen derecho a hablar del hambre..”.
“Un discurso plagado de mentiras asombrosas,... pocas veces se ofreció a la ciudadanía un dislate más profundo…. Biolcati fija el momento esencial de la grandeza argentina en el primer centenario. Ese centenario que fue la fiesta de ellos… de la oligarquía….”.
Este caudal de mentiras repetido en la Sociedad Rural de Palermo y en nuestra Provincia, es sostenido por el diputado nacional Alfredo Olmedo, y un séquito de periodistas “ruralistas”, que tergiversan y silencian las verdaderas causas que generaron tantos pobres e indigentes en nuestro territorio.
La discusión sobre el hambre y las respuestas que se proponen desde el neoconservadorismo antiperonista ocultan en forma sistemática cualquier consideración sobre los orígenes de ese proceso vergonzoso.
Lo social es indivisible de lo económico. En consecuencia, deben tratarse conjuntamente las cuestiones económicas y sociales. Los planes sociales focalizados a atender los problemas urgentes de la pobreza extrema son indispensables. Pero son sólo paliativos si la política económica es una fábrica de desempleo, exclusión y pobreza. Sólo en un escenario de crecimiento de la producción y el empleo, como el iniciado en el 2003 en Argentina y en diciembre/2007 en Salta, las políticas sociales y la solidaridad darán plenamente sus frutos de construir una sociedad participativa, sin pobreza, que fortalezca la autoestima de cada ser humano al sentirse actor de una empresa común y no sujeto de la asistencia social.
La Argentina puede y debe descansar en sus propios recursos para erradicar la pobreza. El país cuenta con los medios necesarios, que permitirán alcanzar niveles razonables de ocupación de la capacidad productiva instalada y de la mano de obra, elevando la tasa de ahorro e inversión y el crecimiento del producto. El ahorro interno debe ser, como en el resto del mundo, la fuente principal del financiamiento de la inversión. La inversión privada es un complemento importante de la inversión doméstica en la medida en que contribuya a la integración del sistema productivo, a incorporar tecnología y a ampliar el acceso de la producción argentina a los mercados internacionales.
Arturo Jauretche llamaba a la Guerra de Secesión estadounidense la “guerra de las camisetas”, porque combatieron el Norte, que quería fabricarlas , y el Sur, al que sólo le convenía exportar el algodón. Y decía que la grandeza económica de EEUU radicaba justamente en el triunfo del Norte industrial. En Argentina, la Sociedad Rural ligada a la agroexportación y a las grandes finanzas, pretende seguir ganando la “guerra de las camisetas”.
La Argentina formó su modelo exportador con un fuerte contenido rentístico. Lo fundamental de la riqueza de la vieja oligarquía terrateniente es la renta de la tierra y ello impidió que el país ingrese en el desarrollo industrial al mismo tiempo que Canadá o Australia. Los estancieros, cuando se cayó el modelo agroexportador en 1929, podrían haber invertido en la industria y no lo hicieron.
Había en aquella clase dirigente una indolencia que tenía su anclaje en la tranquilidad que le brindaba aquel modelo, que garantizaba una alta tasa de ganancia con una mínima inversión, ganancia que se multiplicaba al cobrar sus ventas en libras oro y pagar los insumos, servicios y salarios en pesos devaluados, los que los llevaba a promover la permanente devaluación del peso. Un artículo del influyente periódico inglés Finantial Times, afirmaba que el”… mayor enemigo de la moneda argentina sana han sido los estancieros….su interés radica en poder pagar sus gastos con papel moneda y obtener altos precios en oro por la venta de sus productos…porque de este modo el oro les provee de tierra y mano de obra baratas…”.
De esta forma la Argentina exportaba junto con su materia prima miles de puestos de trabajo que hubieran podido emplearse en nuestro país si aquella clase terrateniente hubiese optado por la industrialización. Esta diferencia era cubierta con la toma compulsiva de deuda externa.
El proceso de industrialización, que se profundiza con el peronismo en el año 1945 y concluye con el golpe cívico-militar de 1976, es el período de mayor crecimiento de la historia argentina, más que en el modelo agroexportador y muy superior al financiero. Lo paradójico de nuestro país es que la minoría ha logrado convencer a la mayoría de que el modelo que más favoreció a esta última, generó la decadencia del país. Ésta continúa siendo la tragedia argentina.
En el modelo agroexportador el habitante del país es apenas un productor al que cuanto menos se le pague mejor; para el modelo industrialista, el habitante es un productor-consumidor cuyo salario y condiciones de vida son esenciales para la continuidad del modelo para que funcione la rueda virtuosa producción-consumo-producción.
La riqueza del campo es prioritaria para un país como la Argentina y el trabajo de los productores, la mayoría de los cuales no pertenecen a la tradicional oligarquía ganadera, debe ser reconocido y apoyado por el Estado. Actualmente en la Argentina se desarrollan importantes nichos de la cadena agroalimentaria, un sector estratégico a partir de las ventajas comparativas que ofrece el país.
El desafío es elaborar un proyecto económico nacional que complemente la actividad agropecuaria con la industrial y tienda a un aumento de la producción armónica de riqueza que permita su justa redistribución, debido a la función recaudadora y mediadora de un Estado fuerte y presente.
Salta, 10 de setiembre de 2010.
Nicolás R. Juárez Campos.
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