Por ello, como ciudadanos debemos reclamar a quienes están a cargo de nuestros gobiernos la elaboración de Políticas Públicas que en base a una buena gestión modifiquen la situación existente, puesto que el modelo neoliberal que gira solamente en torno a aumentar el parque automotor de la Policía, aumentar el número de comisarías existentes, realizar mayores inversiones en equipamiento policial, mejorar la formación y profesionalización del recurso humano dentro de la Policía, además de representar un anacronismo conforme a los tiempos que vivimos, ha dado claras muestras de su ineficacia e ineficiencia a lo largo de los años. Lo que acabo de mencionar, constituye un conjunto de herramientas importantes para llevar a cabo el Plan de Seguridad que la ciudadanía reclama, pero de ninguna manera es una verdadera Política Pública en materia de Seguridad.
HAY QUE MODERNIZAR EL CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA
En dos artículos anteriores he planteado algunas ideas acerca de lo que como ciudadano creía que debería incluir un conjunto de Políticas Públicas tendientes a la elaboración de un Plan de Seguridad Provincial. Entre ellas, presentaba al lector dos ideas que considero muy importantes: la autonomía municipal y la participación comunitaria. Partiendo de ello, se puede elaborar un concepto moderno que nos arrojaría la siguiente fórmula de gestión: SEGURIDAD PÚBLICA = AUTONOMÍA Y PREVENCIÓN MUNICIPAL + PARTICIPACIÓN COMUNITARIA + CONTENCIÓN SOCIAL.
En este esquema, adquiere mucha relevancia el concepto de contención social, que dicho sea de paso se ha transformado en parte importante del discurso político en épocas de elecciones. Pero, ¿cómo se puede relacionar este concepto con el de Seguridad Pública?
EL EJEMPLO DE BRASIL
La respuesta a esa pregunta la podemos encontrar en el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) lanzado en Brasil en el año 2.007, cuando Lula da Silva era Presidente y Dilma Rousseff era Ministra Jefa de la Casa Civil (similar a nuestra Jefatura de Gabinete de Ministros). Este Programa abarcaba prioritariamente inversiones en las siguientes áreas de gestión: agua y cloacas, vivienda, transporte, energía y salud. Tenía prevista una inversión total de doscientos cincuenta mil millones de dólares en cuatro años. Actualmente está en funcionamiento el denominado PAC 2.
No obstante esta Política Pública de contención social, la inseguridad aún está presente en el vecino país. Aún se lleva a cabo allí una de las más duras luchas contra el narcotráfico y el crimen organizado en la mayoría de los barrios más carenciados (que conocemos como “favelas”). Éstas organizaciones criminales han creado verdaderos estados paralelos, ya que han conseguido suplir al Estado federal o al provincial (llamado “estadual”). Allí, ante la ausencia del Estado, el traficante es quien lleva a cabo la labor social, es quien satisface los más elementales requerimientos de los ciudadanos y a cambio los encierra en el esquema de intereses que la criminalidad demanda. Es una batalla que seguramente demandará mucho más tiempo, pero los cimientos de contención social ya han sido colocados.
Pero si bien es cierto la contención social es la clave -porque nadie se hace criminal por opción, sino que son la falta de opciones de vida y la exclusión social las que llevan a los ciudadanos a delinquir-, con ella solamente no alcanza. Y aquí es donde aparece la fuerza pública como autoridad de prevención de la conflictividad social. Es aquí donde las herramientas antes mencionadas (más patrulleros y más policías mejor entrenados y equipados en las calles) deben estar presentes, como elementos accesorios a un Plan de Seguridad, no como el Plan en sí mismo. Fue tal vez por ello que a partir del año 2.008, algunos Estados brasileños (Rio de Janeiro y Bahía por ejemplo) decidieron poner en funcionamiento las Unidades Policiales Pacificadoras o UPP (fuerzas conjuntas, del gobierno federal y de los gobiernos “estaduales” que se instalaron por la fuerza en los principales centros urbanos de cada Estado, con el objetivo de marcar presencia territorial). Una anécdota ejemplifica la situación existente: al ser detenido uno de los más importantes narcotraficantes de Rio de Janeiro, en una de las primeras incursiones que una UPP hacía a la Villa del alemán (“favela do alemao”) el criminal les dice a los policías que su decadencia había comenzado en el 2.008, cuando el Presidente Lula lanzó el Programa de Aceleración del Crecimiento, ya que a partir de ese momento, cincuenta de sus mejores hombres consiguieron trabajo decente y dejaron el narcotráfico. Esa es la idea central. Prevenir la inseguridad desde la CONTENCIÓN SOCIAL MUNICIPAL y no desde la prevención y represión policial solamente.
CÓMO LLEVAR ADELANTE ESTAS IDEAS DESDE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
Colocando como ejemplo al municipio Capital, se podría comenzar introduciendo en la ya acordada reforma parcial de la Carta Municipal dos artículos que contemplen la sanción de un Código de Convivencia Social y la creación del Consejo Municipal de Seguridad Comunitaria y Convivencia Social. Además se debería crear una dependencia pública para poner en funcionamiento el Plan de Seguridad y un Consejo Municipal de Seguridad Comunitaria y Convivencia Social, dividido en: Sección Consultiva: donde estarán representados los diversos sectores (Cultos religiosos; ONG´s; Colegios profesionales; Comunidades originarias; Comunidades de extranjeros; Instituciones educativas y deportivas) y Sección Ejecutiva: compuesta por el Intendente, el Presidente del Concejo Deliberante, El Secretario de Gobierno, la Secretaria de Acción Social, el Secretario de Tránsito y Seguridad Vial. Invitándose a participar al Ministro de Seguridad, al Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Política Criminal, al Presidente de la Corte de Justicia de Salta, al Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones y al Director de la Agencia Antidrogas.
También es necesaria la zonificación del municipio (en el caso de la capital se podrá aprovechar la estructura existente en torno a los Centros de Integración Comunitaria -CIC-) y la creación de un Centro Unificado de Investigación y Estadísticas sobre Seguridad Pública Municipal, para interconectar los datos de los diferentes CIC en cuanto a violencia y criminalidad, con el objetivo de elaborar diagnósticos luego de escuchar a los vecinos e identificar problemas de seguridad pública en el municipio y formular propuestas de solución por medio de la implementación de las políticas públicas adecuadas. Es de mucha importancia tener en cuenta que el ya mencionado concepto de participación ciudadana no consiste en utilizar a los vecinos como denunciantes ocultos de otros vecinos (ya que esto, lejos de disminuir la conflictividad social, la aumentaría considerablemente), sino en escuchar a quienes viven a diario esa conflictividad y merecen (y por ello reclaman) emitir su opinión al respecto. Por último, a los fines de saber hacia dónde dirigir las Políticas Públicas de contención social y en qué grado de prioridad, es imperioso hacer un exhaustivo análisis del impacto social de la inseguridad (delitos y contravenciones) en el ejido municipal. Este análisis deberá estar orientado a determinar: a) qué clase de delitos y contravenciones se cometen, b) cuál es la condición social y la residencia de quienes los cometen, c) en qué lugares se cometen, d) cuál es el grado de reincidencia. Con estos datos se podrá conocer con precisión cuál es la composición municipal en materia de inseguridad, para planificar e instrumentar las políticas públicas de abordaje social más urgentes. La idea es prevenir la inseguridad desde la CONTENCIÓN SOCIAL MUNICIPAL y no desde la represión policial.
Que nadie se sienta aludido, son solamente ideas de un ciudadano.